El organismo para los refugiados prende alarmas sobre la situación de las comunidades originarias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y carecen de servicios básicos de saneamiento y salud, lo que los deja en una situación muy vulnerable frente al COVID-19. Destaca la preocupación por los indígenas venezolanos, que están en frontera colombiana, en situación de indocumentados. Compartimos aquí esta publicación de Noticias ONU, con estimaciones de ACNUR, sobre la situación actual de las comunidades indígenas de diversos países de la región:
Muchas comunidades indígenas desplazadas y refugiadas de América Latina viven en un alto riesgo de infectarse con el coronavirus, advirtió este martes la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), llamando a las autoridades de todos los países de la región a brindarles protección frente al avance del COVID-19 en sus territorios.
En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de ACNUR indicó que es especialmente preocupante la situación de numerosos grupos originarios binacionales, como los wayúu o los bari, asentados en Colombia cerca de la frontera con Venezuela son indocumentados en territorio colombiano, pese a que han vivido en esa área por generaciones. Esta falta de regularización los deja desamparados en la emergencia, además de que sufren amenazas de los grupos armados irregulares que controlan esas zonas.
“En ACNUR estamos alarmados por los problemas de documentación de los indígenas venezolanos, cuyas condiciones los ubican en un alto riesgo”, enfatizó Shabia Mantoo.
Explicó que muchos de ellos viven en zonas aisladas o remotas donde no cuentan con servicios de salud y no tienen agua limpia y jabón. Otros se alojan en asentamientos urbanos informales sin a equipos de protección y la mayoría de los que están en la frontera encaran la posibilidad de extinción física y cultural debido a la falta de alimentos y desnutrición que los hace muy proclives al contagio del coronavirus. “Estas áreas siempre han carecido de servicios de salud y ahora eso exacerba el riesgo”, dijo la portavoz.
Medidas de confinamiento y pobreza
Agregó que los cierres nacionales afectan las actividades de las que dependen muchas de esas comunidades indígenas, como la agricultura y la producción y venta de artesanías.
“La creciente pobreza y destitución a menudo no les deja otra opción más que mendigar en las calles para mantener a sus familias, lo que los expone no sólo a infectarse sino a ser estigmatizados y discriminados pues la gente considera que no obedecen las medidas de confinamiento”, señaló Mantoo.
ACNUR llamó la atención también sobre el aumento de riesgo de reclutamiento de niños por parte de los grupos armados en algunas áreas de Colombia donde el conflicto continúa. En esas zonas, los estudiantes y maestros indígenas son muy pobres y no tienen a la educación virtual durante los cierres de actividades.
Por otra parte, la portavoz indicó que unos 5000 indígenas venezolanos desplazados, la mayoría de la etnia warao, se encuentran en la región amazónica de Brasil, convertida en el epicentro de la pandemia en ese país.
Esas comunidades “enfrentan la situación sin servicios adecuados de salud y saneamiento”, subrayó.
El apoyo de ACNUR
Mantoo informó que, desde marzo, ACNUR trabaja con los gobiernos nacionales de Brasil y Colombia para garantizar que las medidas de prevención y asistencia lleguen a las áreas remotas donde se han asentado las comunidades indígenas tras ser desarraigadas y huir en busca de seguridad.
Pese a una grave falta de fondos, la Agencia ha reforzado su apoyo conforme aumenta el número de casos sospechosos y confirmados de contagios, así como de defunciones debidas al COVID-19 en esas comunidades.
Para tratar de limitar la propagación y el impacto del virus, ACNUR y los gobiernos buscan aumentar la capacidad de los sistemas nacionales de salud. También se han establecido nuevas infraestructuras como mejores refugios e instalaciones de atención y aislamiento, o sistemas de alerta temprana para responder al COVID-19 entre las personas indígenas venezolanas desplazadas y sus comunidades de acogida.
En Brasil, el organismo de la ONU apoya los esfuerzos nacionales para garantizar un albergue adecuado a los refugiados indígenas warao de Venezuela. Actualmente, unos mil indígenas tienen a los servicios de alojamiento, alimentación, atención médica y educación prestados bajo la Operação Acolhida, la respuesta de emergencia del gobierno de Brasil a la afluencia de venezolanos.
Asimismo, unas 770 personas de la etnia warao han sido reubicadas en refugios municipales dotados de mejores condiciones de higiene en Manaos y Belém. ACNUR ayuda con la reubicación y proporciona asistencia técnica y material, como mosquiteros, paquetes con artículos de higiene, lámparas solares y transporte. También realiza una labor de promoción de la higiene en las lenguas warao y eñepá a los refugiados indígenas en ambas ciudades.
En Colombia, la Agencia asiste en la distribución de alimentos y proporciona kits de higiene a las personas más vulnerables entre las poblaciones yukpa y wayuu, sobre todo a las que viven en asentamientos informales. También organiza brigadas de salud y campañas de información y de fomento de la higiene adaptadas a las comunidades indígenas.
Falta de recursos
Para terminar la conferencia de prensa, la portavoz de ACNUR recordó que no obstante los esfuerzos de los países de acogida y las organizaciones humanitarias, urge un mayor apoyo para poder mantener los operativos humanitarios entre las comunidades indígenas y otros colectivos refugiados, así como en las comunidades locales anfitrionas.
En este contexto, Shabia Mantoo instó a los países a presentar nuevos compromisos de apoyo en la conferencia internacional de donantes para los refugiados y migrantes venezolanos en América Latina, que se celebrará el martes 26 de mayo.
“Es alarmante que el Plan de Respuesta Regional para refugiados y migrantes de Venezuela en estos momentos apenas haya recibido el 4% de los fondos necesarios”, recalcó Mantoo. En vista de la emergencia por la pandemia, ese Plan precisa 1400 millones de dólares.
Nota tomada de: https://news.un.org/es/story/2020/05/1474612